El organismo que vela por la seguridad en las vías públicas de Cataluña el Servei Català de Trànsit (Servicio Catalán de Tráfico) que es también el encargado de de gestionar el cobro de las sanciones de tráfico que se imponen a los conductores que circulan por las vías catalanas. Ha sido sometido a una exhaustiva auditoría realizada por la Sindicatura de Cuentas sobre el ejercicio del 2012 y que ha hecho público su resultado del informe en su página web. 

La Sindicatura de Cuentas en su informe recuerda que en el 2012 el Servei Català de Trànsit tenía unas pautas marcadas en sus funciones y sus objetivos por el Plan de Gobierno 2011-14 y también por el Plan de Seguridad Viaria 2011-13. Dicho programa fijaba que la recaudación total del importe de las multas se tenía que destinar íntegramente en a trabajos y proyectos de seguridad vial integrado en el programa OE6.6 que es de obligado cumplimiento, dicho programa establece que el 5% del presupuesto del SCT se tenía que destinar a estudios I+D+I relacionados con la Seguridad Vial.

Según el informe de la Sindicatura de cuentas en SCT ingreso en el periodo del 2012 un total de 92,7 millones de euros en sanciones pagadas por los automovilistas, importe que debía ser destinado en su totalidad a la mejora de la seguridad viaria, como marca la ley, pero al Generalitat desvió un total de 67,4 millones de euros a las arcas de la Generalitat Catalana para cubrir otros gastos ajenos a los que se debían destinar. En cuanto al 5% que se tenía que dedicar a I+D+I, no hay ni rastro.

En el mismo periodo del 2012 cuando ocurrió lo anteriormente expuesto en la región catalana se registraron un total de 23.368 accidentes de tráfico con víctimas y un total de 336 muertos. En ese momento el presidente del SCT era el Conseller d'Interior Felip Puig y su director Joan Aregio.