En la localidad de Rafelbuñol, cerca de Puçol (Valencia) una empleada de correos que a la vez es militante de Podemos, rechazó aceptar los votos por correo de tres personas que se encuentran impedidas físicamente para poder votar.

El voto fue entregado por varios militantes del Partido Popular de la localidad, encabezada por Paz Carceller, y la empleada de correos rechazó las papeletas alegando que no se ajustaba a la legalidad y que estaba manipulado.

La funcionaria de correos dio el aviso a su agrupación, que optó por interponer una denuncia al Partido Popular de la localidad en el Juzgado número 3 de Primera Instancia de Massamagrell. El Juez decidió suspender provisionalmente las acusaciones por no quedar acreditadas.

Pero no acabó ahí la resolución si no que el Juez decidió poner dicha resolución en conocimiento de la fiscalía que la funcionaria de correos no aceptó los votos que fueron entregados por los militantes del Partido Popular con el correspondiente permiso y documentación de los votantes.

En un pleno celebrado el 25 de enero, la formación de extrema izquierda acuso al Partido popular de cometer irregularidades y aviso que llegarán hasta el final del proceso judicial.