La Fiscalía de Cataluña reclama para el ex presidente Artur Mas por los delitos de desobediencia y prevaricación mientras  rebaja la petición de pena a la ex vicepresidenta Joana Ortega y a la ex consejera de Educación y actual diputada de Junts pel Sí, Irene Rigau, a nueve años de inhabilitación a cada una para ejercer cargo público. El Ministerio Público ha presentado ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) su petición de pena para los tres procesados por organizar la consulta ilegal separatista del 9 de noviembre de 2014 pese a la prohibición del Tribunal Constitucional. Tal y como ya apuntaba en escritos anteriores, los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled, han decidido no acusar a los procesados de malversación de fondos públicos por lo que no reclaman penas de prisión.

En este sentido, la Fiscalía sigue con su argumento de que Mas, Rigau y Ortega «pretendieron aparentar que el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no fue así» y consideran «evidente, patente, flagrante y clamorosa» la conducta de los acusados ya que «convirtieron irrazonablemente su voluntad en aparente fuente de normatividad». Además, creen que los procesados "conocieron y comprendieron perfectamente el contenido y efectos» de la providencia del Constitucional del 4 de noviembre que obligaba a suspender la consulta, ya que era «clara e inequívoca» y, pese a ello, «resueltamente decidieron no acatarla». «El presidente de la Generalitat, puesto de acuerdo con el resto de investigados, consciente e intencionalmente resolvió no atender el mandato y no sólo no dejó de truncar las actividades jurídico-administrativas en curso sino que excitó su continuación furtiva», destacaba la Fiscalía en un escrito presentado hace unas semanas.