El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado en con todos los votos favorables dirigirse al fiscal para que "proceda a exigir la responsabilidad penal" a la presidenta del Parlamento autonómico de Cataluña  que pueda corresponderle por no acatar las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional. En concreto por someter a votación la "comisión de estudio del proceso constituyente". El Constitucional días antes le había informado que su deber era "impedir o paralizar" cualquier iniciativa que supusiera avanzar hacia una declaración unilateral de independencia.

La desobediencia se realizó el pasado 27 de julio, cuando el parlamento catalán aprobó, una hoja de ruta hacia la separación unilateral que constaba de tres fases de desarrollo.

1. Un proceso participativo que se articulará en torno a un 'foro social constituyente' integrado por representantes de la sociedad civil y de los partidos.
2. Una fase de "desconexión con el Estado español y convocatoria de elecciones constituyentes para formar una asamblea constituyente, que deberá redactar un proyecto de constitución",
3.  Una fase para la "ratificación popular de la constitución mediante referéndum".

La decisión adoptada contra la presidenta del Parlament es ajena a la modificación legal de 2015 donde el Partido Popular dotó de más autonomía al TC y forma parte de las medidas de las que ya disponía el anteriormente para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones.