Después de la destitución de Daniel De Alfonso por el Parlament de Catalunya tras las escuchas que se publicaron en el diario 'Público', la Generalitat ha nombrado como nueva directora de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) a Maite Masià.

Este nombramiento llega con polémica porque Masià dio 180.000 € en subvenciones a implicados en el Caso ITV para que los contendientes ganaran los concursos de adjudicación de servicios de eficiencia energética en las carreteras de Cataluña, e influir así en la convocatoria con el fin de establecer un monopolio en el sector de cuatro operadores en toda la autonomía.

Masià, por entonces presidenta del Instituto Catalán de Energía (ICAEN), tramó con sus socios de Convergència Sergi Alsina y Sergi Pastor la adjudicatura de algunas estaciones de abastecimiento energético para coches eléctricos en el futuro más inminente.

Carina Mejías, diputada de Ciudadanos en el Parlament de Catalunya, acusó a Masià de que “todos los cargos públicos que ha ocupado Masià han sido por designación de partido” y que “Masià fue la que redactó el último informe del Caso Palau”, poniendo en evidencia así que la asignación de Maite Masià es justamente para evitar la investigación de casos de corrupción dentro de los partidos separatistas, en especial de CDC, ERC y la CUP, e incluso adjudicar tramas falsas a los partidos constitucionalistas.

El nombramiento de Masià puede estar apoyada incluso por la familia Pujol, por ser los más interesados en tener el control del sistema judicial en Cataluña y estar claramente implicados en varias tramas de estafa y de fraude fiscal, de la cual la OAC no sólo sería cómplice sino que sería una herramienta para el encubrimiento de casos de fraude.