El letrado del Parlament advierte del riesgo de seguir con la secesión
Un informe recuerda los efectos de la sentencia que anuló la resolución independentista
Los servicios jurídicos del Parlament han alertado de los riesgos legales que supondría que la Cámara prosiga el camino de la independencia y aplique el contenido de la resolución independentista aprobada el pasado 9 de noviembre y que anuló el...
13 de enero de 2016 (22:27 h.)
- Un informe recuerda los efectos de la sentencia que anuló la resolución independentista
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Los servicios jurídicos del Parlament han alertado de los riesgos legales que supondría que la Cámara prosiga el camino de la independencia y aplique el contenido de la resolución independentista aprobada el pasado 9 de noviembre y que anuló el Tribunal Constitucional. Un informe jurídico que firma el letrado mayor, Antoni Bayona, explica que el Estado no permanecerá impasible si continúan adoptándose medidas para desconectar de España, de manera que esas decisiones podrían ser recurridas y suspendidas de manera inmediata.
El documento fue encargado por la Mesa del Parlament a petición del grupo de Catalunya sí que es Pot y fue demorándose en su redacción, de forma que en el 2 de diciembre se dictó la sentencia del Constitucional que anula la polémica resolución de la Cámara. De ahí, que el informe, fechado el pasado 15 de diciembre, señale que la doctrina de la sentencia es muy clara y que no es nada descartable que ante cualquier actuación futura del Parlament relacionada con la resolución, el Estado intente promover un incidente de ejecución y pida la nulidad de una decisión parlamentaria por entender que contradice la sentencia.
El letrado defiende la competencia del Parlament para elaborar leyes y recuerda que de la sentencia no se desprende ninguna prohibición a esa competencia, pero recuerda la posibilidad que siempre tiene el Gobierno de promover un recurso de inconstitucionalidad y de impugnar una decisión del Parlament y de los efectos suspensivos inmediatos que se produciría. El informe advierte de que es posible que estas vías sean utilizadas por el Estado contra cualquier decisión del Parlament que tenga relación directa con la resolución independentista. El letrado mayor va más allá y alerta de que se está refiriendo especialmente a las anunciadas leyes del proceso constituyente, de Hacienda y de Seguridad Social que se anuncian en el apartado quinto de la resolución secesionista.
Por eso, insiste el informe, la doctrina de la sentencia pone en evidencia cuáles pueden ser las dificultades jurídicas a que se pueden enfrentar las futuras decisiones del Parlament y lo que eso puede significar en relación con las posibilidades que sus previsiones puedan materializarse.
Los servicios jurídicos del Parlament han alertado de los riesgos legales que supondría que la Cámara prosiga el camino de la independencia y aplique el contenido de la resolución independentista aprobada el pasado 9 de noviembre y que anuló el Tribunal Constitucional. Un informe jurídico que firma el letrado mayor, Antoni Bayona, explica que el Estado no permanecerá impasible si continúan adoptándose medidas para desconectar de España, de manera que esas decisiones podrían ser recurridas y suspendidas de manera inmediata.
El documento fue encargado por la Mesa del Parlament a petición del grupo de Catalunya sí que es Pot y fue demorándose en su redacción, de forma que en el 2 de diciembre se dictó la sentencia del Constitucional que anula la polémica resolución de la Cámara. De ahí, que el informe, fechado el pasado 15 de diciembre, señale que la doctrina de la sentencia es muy clara y que no es nada descartable que ante cualquier actuación futura del Parlament relacionada con la resolución, el Estado intente promover un incidente de ejecución y pida la nulidad de una decisión parlamentaria por entender que contradice la sentencia.
El letrado defiende la competencia del Parlament para elaborar leyes y recuerda que de la sentencia no se desprende ninguna prohibición a esa competencia, pero recuerda la posibilidad que siempre tiene el Gobierno de promover un recurso de inconstitucionalidad y de impugnar una decisión del Parlament y de los efectos suspensivos inmediatos que se produciría. El informe advierte de que es posible que estas vías sean utilizadas por el Estado contra cualquier decisión del Parlament que tenga relación directa con la resolución independentista. El letrado mayor va más allá y alerta de que se está refiriendo especialmente a las anunciadas leyes del proceso constituyente, de Hacienda y de Seguridad Social que se anuncian en el apartado quinto de la resolución secesionista.
Por eso, insiste el informe, la doctrina de la sentencia pone en evidencia cuáles pueden ser las dificultades jurídicas a que se pueden enfrentar las futuras decisiones del Parlament y lo que eso puede significar en relación con las posibilidades que sus previsiones puedan materializarse.