Imagínense que a una madre de familia italiana se le ocurre pedir que su hijo sea escolarizado en italiano, o a un padre de familia francés tenga que pedir que sus hijos tengan mas horas lectivas en francés.

¿Parece surrealista verdad?, ademas de obvio, pues en la España del siglo XXI una madre de familia española no puede pedir mas horas escolares en español en Cataluña, sin que la familia sea intimidada, marcada, amenazada y señalada por las diferentes asociaciones separatistas (subvencionadas con el dinero de todo los contribuyentes), acoso y derribo contra el disidente, escraches en el negocio familiar incluidos

Ana Moreno ha tenido que dar un giro radical a su vida solo por pedir un derecho constitucional: que sus hijos se escolaricen en castellano, lengua cooficial en Cataluña, comunidad en la que reside. Después de seis meses de silencio –su caso fue abordado en los medios de manera anónima–, esta madre se decide ahora a hablar sin tapujos sobre el «caro precio» que han tenido que pagar ella y su familia por reclamar enseñanza en español en Cataluña.

Según explica, el acoso institucional y político que han sufrido la ha obligado ha vender su negocio y a trasladar a sus hijos a un colegio situado a 30 kilómetros de Balaguer (Lérida) la ciudad en la que residen. «Yo me he quedado sin negocio y mis hijos tienen que hacer una hora de trayecto por la mañana o por la tarde para ir al colegio», asegura esta madre.

Su voz se quiebra al recordar algunos episodios que, según denuncia, han sufrido sus hijos a raíz de su iniciativa. «Es muy duro oír como un niño de cinco años dice que ya no puede ser amiga de tu hija por ser quien es»,dice.

Ana acudió a los tribunales para pedir más clases en español para sus hijos, de 4 y seis años, escolarizados en el Colegio Gaspar de Portolà de Balaguer, y la justicia le reconoció el derecho a un 25% de clases en esa lengua. En esos momentos, contó con todo el apoyo de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña, que la asesoró con la denuncia.

Ese fallo judicial se convirtió en una auténtica pesadilla, según afirma esta madre, que se ha visto obligada a renunciar a este derecho. La presión ejercida por la comunidad educativa, los partidos políticos y las instituciones educativas, según denuncia, le obligó a colgar la toalla. «Mis hijos necesitan una infancia feliz y no estar toda la vida visitando psicólogos», concluye.