El informe solicitado pretende que se analice el fondo de la cuestión y señale la mejor vía de una posible impugnación, puesto que el presidente catalán es una persona aforada. Si se confirma, se tratará de la primera acción del ejecutivo después de que Mariano Rajoy, en pleno debate de investidura, advirtiera que actuaría con "firmeza y determinación para frenar cualquier acto ilegal". Esta misma tarde ha vuelto avisando que "no dejaría pasar ninguna actuación" que suponga romper España.

Puigdemont ha tomado posesión prometiendo “fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representado por el Parlamento”. Esta es la fórmula de pregunta que ha utilizado la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, saltándose el protocolo de un real decreto, que establece que un cargo de la administración tiene que prometer “lealtad al rey y guardar la Constitución”. Ante la pregunta de Forcadell, Puigdemont se ha limitado a decir: “Sí, prometo”.


Precisamente este mediodía, el ministro Rafel Catalá, ha advertido que el juramento o promesa del cargo de presidente no podía introducir "en ningún caso" un elemento "que desvirtuara el propio juramento o prometida" del cumplimiento de la Constitución. "El cumplimiento de las obligaciones de la Constitución forma parte de la obligación legal que existe", ha recordado.