En julio del 2011 el gobierno de Artur Mas aprobó un decreto de Ley para aprobar la abolición de la prostitución callejera y en carreteras, ahora el actual gobierno de Puigdemont con el apoyo de la CUP la pretenden abolir. Esta derogación viene tras caer la presión policial en las carreteras catalanas con las prostitutas.

La provincia de Gerona de dónde es originario el actual presidente de la Generalitat es una de las zonas más afectadas por este tipo de negocio sin regular, los principales usuarios son camioneros y “turistas sexuales” procedentes del País Galo en especial de origen árabe.  Precisamente esa región catalana es una gran confluencia estratégica por su posición geográfica.

La prostitución en las carreteras catalanas y en especial en las colindantes a la AP-7 zona norte suelen ser una fuente de ingresos para la zona dónde no sólo se benefician las trabajadoras sexuales sino que también los comercios y es uno de los motivos de un cierto apoyo social a favor de la derogación.

Rafael Brugera, del Partido Socialista ha presentado una denuncia formal por el intento de Junts Pel SI y la CUP de la retirada de esos puntos de seguridad ciudadana, mientras que Maria Senserrich contesto a Brugera que la sanción económica no se elimina. Pero se supone que Junts Pel Si con la Cup a votarán por su derogación cuando se convoque el acta en el pleno.

Actualmente la prostitución en espacios públicos en Cataluña supone una sanción que va desde los 600€ a los 30.000€ dependiendo la gravedad y la reincidencia de tanto prostitutas cómo los traficantes.

Rafael Brugera, (Partido Socialista de Cataluña)