El Tribunal Constitucional (TC) avisó la semana pasada a los diputados del Parlament que la aprobación de las conclusiones de la Comisión del Proceso Constituyente podría tener consecuencias. El miércoles, los parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP dieron el visto bueno a esas conclusiones desoyendo a los jueces. Ahora se enfrentan a multas, a la suspensión de funciones e, incluso, a la cárcel.

«Advertir a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos enunciados». Así se cerraba la resolución con la que el Tribunal Constitucional resolvió la semana pasada el primer aviso de la Abogacía del Estado -el Gobierno- de se estaba desobedeciendo la declaración de nulidad del proceso de desconexión.

En ese auto, el TC dijo claramente que lo tramitado ayer contravenía su declaración de nulidad de la desconexión. «Asimismo, ha conocido las conclusiones aprobadas por la Comisión parlamentaria de estudio y constata que su contenido contraviene claramente los mandatos a que se viene haciendo referencia, por lo que -en el cumplimiento de las advertencias que considera necesario realizar- los obligados deben tener en cuenta esta apreciación».

La resolución del TC no fue tan lejos como pretendía el Ejecutivo, pero sí lo suficiente como para que ahora pueda servir de escalón hacia las medidas más duras introducidas en la Ley del TC, un amplio arsenal jurídico aún por estrenar.

La obligación de cumplir las resoluciones del TC alcanza a todos, pero las preferencias del TC se dirigen hacia la Mesa y, en particular, hacia su presidenta. Carme Forcadell se excusó ayer en que el Reglamento de la Cámara no le permitía impedir la tramitación. Con argumentos similares dio largas Juan María Atutxa cuando, también como presidente de una Cámara, no obedeció al Supremo. Acabó condenado.