El cerco judicial se estrecha sobre los promotores e instigadores del proceso secesionista de la comunidad de Cataluña

La querella de la Fiscalía General del Estado contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, utiliza términos muy tajantes para describir la conducta de desobediencia y prevaricación de la que la acusa. El texto afirma que Forcadell quiso “dinamitar” el “modelo de ordenación territorial del Estado”.

La querella añade que Forcadell “acordó someter a votación la inclusión en el orden del día y la aprobación de unas conclusiones (de la comisión sobre el Procés Constituent) con cabal conciencia de que con su pronunciamiento impulsaba un trámite constitucionalmente ilegítimo, viciado de raíz por falta absoluta de competencia” y “extravagante de las genuinas funciones parlamentarias de la que estaban investidos” de acuerdo con la Constitución y el Estatut.

La Fiscalía se refiere a “la intrínseca arbitrariedad” de Forcadell, “mediante un ejercicio desviado de las funciones públicas que ostenta”. De este modo, “tomó medidas que posibilitaron la votación de las conclusiones de la Comisión pese a su contradicción flagrante con la Constitución”. Dichas conclusiones tratan de “desvincular” a Cataluña “del sistema constitucional, dinamitando el sistema de distribución de competencias establecido en el modelo de ordenación territorial del Estado”. La querella también subraya que las decisiones de Forcadell acordando someter al pleno dichas conclusiones “no pueden ser reputadas como actos políticos a los efectos de quedar fuera del ámbito del delito de prevaricación”. Y al respecto añade que lo que se buscaba era “la derogación por la vía de hecho de la Constitución”. Se trata, en suma de “decisiones que afectan al funcionamiento del Parlament y que potencialmente pueden generar una grave quiebra del ordenamiento constitucional”.